Diecisiete edificios, 1.045 viviendas, 600 pisos protegidos de Viviendas de Protección Oficial (VPO)... El futuro de El Bullón, barrio santurtziarra fuera de ordenación desde el año 1998, está en el aire. En septiembre de 2010 el Ayuntamiento votaba una aprobación inicial del proyecto de urbanización de la zona, ahora sin espacio para los viales, las aceras y espacios de ocio. Pero unos meses más tarde, la propia asociación de vecinos llevaba ese mismo proyecto a los tribunales con la interposición de un recurso contencioso administrativo por considerarlo "inviable".

El Consistorio Santurtziarra ha rehecho el proyecto, incluyendo las mejoras sugeridas por los propietarios de las viviendas del barrio y aseguró ayer que sólo aprobará de forma definitiva los pliegos si se retira el contencioso. "Ese proceso judicial genera mucha incertidumbre, eso nos hace ser cautos", indicó José Luis Landaburu, concejal de Urbanismo.

Las quejas vecinales en relación al plan de reurbanización del barrio santurtziarra se focalizaban en la "falta de viabilidad económica del proyecto" y en las desigualdades que se generaban entre vecinos por el valor de las viviendas y los suelos. La asociación de vecinos decidió llevar el caso a los jueces y, con el proceso aún entre los juzgados, el Ayuntamiento ha reeditado el proyecto incluyendo seis nuevos puntos "que dejan aclaradas y recogidas las reivindicaciones de los vecinos", remarcó edil. Entre ellas se encuentran los propósitos de realizar a los propietarios de las bloques que se derriben en viviendas libres, a no más de 150 metros de su piso actual, que el realojo se efectúe antes que el derribo o que nadie vea mermado su patrimonio.

"Hemos mantenido reuniones con los diferentes vecinos de la zona, también con aquellos que interpusieron el recurso ante el Contencioso Administrativo y hemos visto un apoyo mayoritario al proyecto", adelantó Landaburu.Sin embargo, el Ayuntamiento no está dispuesto a aprobar el programa de actuación urbanizadora ni los pliegos de licitación de las obras -valoradas en 150 millones de euros- "si no se retira el contencioso, porque no creemos que sea prudente licitar el proyecto y generar incertidumbre en las empresas que quieran optar a desarrollarlo", explicó.

Los propios vecinos afectados se encuentran en estos momentos estudiando la documentación aportada por el Ayuntamiento. "Son muchos documentos y aún no hemos podido mirarlos todos", cuenta a DEIA Aitor Unanue, uno de los miembros de la asociación que inició los trámites legales contra el proyecto. "Hay mucha gente que está a favor y quien está en contra de retirar el contencioso. Ahora mismo lo estamos estudiando", comentó. Para finales de año podría tenerse ya una sentencia en la mano, por lo que los vecinos consideran que "al faltar tan poco tiempo, lo más probable es que no se retire el recurso", adelantó Unanue.