El consistorio firma un convenio con Alokabide, cediendo la gestión de seis viviendas para personas del municipio que cumplan los requisitos

El Ayuntamiento de Santurtzi ha concluido todos los pasos previos para la creación del Área de Patrimonio edificado, un ente con el que se persigue mejorar en la gestión de las viviendas y locales de titularidad municipal. De esta manera, será dicho área el que lleve la gestión de las 183 viviendas y el centenar de locales que a día de hoy son propiedad del consistorio y que cubren diferentes necesidades de los y las santurtziarras.

De cara a la creación de este área, el Plan de Empleo del pasado año destinó un equipo de personas a realizar un diagnóstico del mapa de viviendas para conocer de manera pormenorizada la situación de cada una de ellas, los contratos a los que están sujetas y demás particularidades. Cabe recordar que la amplia mayoría de las viviendas municipales dan servicio a los realojos que hace más de 50 años tuvieron que hacerse tras la explosión de butano que tuvo lugar en San Juan en enero de 1967, la cual obligó a evacuar a más de 20.000 personas y destrozó un total de 295 viviendas, dejando sin hogar a 700 personas. 

En palabras del concejal de Obras y Servicios, Álvaro Aresti, tras analizar el estado jurídico y conocer la ficha técnica de cada una de estas viviendas, “desde el Ayuntamiento pretendemos continuar dando forma a este área con un nuevo proceso, para el cual se ha creado una nueva línea de trabajo en el Plan de Empleo” a desarrollar próximamente en el municipio. Asimismo, “otro de los ámbitos en los que este nuevo área trabajará será el de adecuar la ordenanza que regula estas viviendas”, ha añadido.

Del total de estas 183 viviendas, a día de hoy son 14 las que no se encuentran habitadas, siendo seis puestas a disposición, desde el día de ayer, de Gobierno vasco para su gestión a través de Alokabide, y estando las otras ocho en proceso de adjudicación, que se estima que en las próximas semanas estén otorgadas, siguiendo el orden establecido en la ordenanza municipal.

Estas viviendas han sido recientemente, o están siendo en este momento, objeto de una rehabilitación integral para su acondicionamiento por parte de personas desempleadas del municipio.

Convenio con Alokabide En relación a la cesión de estas seis primeras viviendas, el Ayuntamiento de Santurtzi y el Departamento de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno Vasco han formalizado un convenio de colaboración, enmarcado dentro de la Política de Vivienda que el consistorio viene impulsando, abriendo de esta manera un nuevo ámbito de colaboración. Así, el convenio que se aprobó ayer en Junta de Gobierno Local, tiene por objeto la cesión a Alokabide de un total de seis viviendas sobre las que el Ayuntamiento ostenta la titularidad para su posterior cesión en régimen de alquiler a las familias, preferentemente del municipio, demandantes de vivienda.

“Es una nueva línea de trabajo que sumamos a nuestras actuaciones, pero en este caso de la mano de Gobierno vasco, que continúa una línea de trabajo definido en la que cuentan con una amplia experiencia. Debemos aprovechar las sinergias interinstitucionales de cara a buscar la mejor gestión”.

Las viviendas cedidas para su arrendamiento deberán ser alquiladas por Alokabide a las personas físicas y unidades convivenciales que cumplan los requisitos previstos en el Programa Bizigune, dando prioridad a los y las santurtziarras, y la renta anual a abonar por estas personas no podrá superar en ningún caso el 30% de los ingresos anuales.

Los gastos del inmueble, incluyendo IBI, y demás tributos, gastos de comunidad y obras de reparación, serán de cuenta del propietario –el consistorio-, con excepción de los gastos por suministros, tales como electricidad, agua y gas que correrán de cuenta y cargo de la persona arrendataria. También serán de cuenta de esta los gastos de mantenimiento derivados del uso ordinario o normal de la vivienda.

El convenio aprobado ayer estará vigente durante el plazo de 6 años y se prorrogará automáticamente por periodos de un año si no hay manifestación en contrario de cualquiera de las partes.