Las dudas han quedado despejadas. Hijas de La Cruz no desaparecerá. El único uso permitido en el solar es el educativo y nunca podrá acoger viviendas. Así lo ha corroborado la Comisión de Ordenación del Territorio del País Vasco con su informe favorable a la modificación del planeamiento urbanístico de Santurtzi. Se 'blinda', de este modo, el colegio ante cualquier intento de ser derruido para levantar una promoción inmobiliaria. El documento de este organismo -integrado por representantes del Gobierno vasco, las diputaciones, Eudel y el Ejecutivo central- era el último escollo que tenía que superar la tramitación del expediente de cambio de uso del terreno que acoge el complejo educativo. Su entrada en vigor se producirá en cuanto se apruebe definitivamente en el próximo pleno del Ayuntamiento, a celebrar antes de fin de mes

 Movilización popular El primer edil argumenta que esta garantía queda avalada por la paralización del expediente que inició un decreto de Alcaldía firmado en agosto de 2006 -entonces gobernaba el PSE- para acometer la construcción de viviendas en el solar. «Aquella tramitación nunca llegó a ser firme, lo que implica que ya no hay ninguna posibilidad de que salga adelante el proyecto urbanístico, por mucho que pleiteen sus promotores», explica Ituarte. La iniciativa inmobiliaria surgió del duque de Santoña, que se arrogó el patronazgo de la Fundación Murrieta, gestora de la escuela. Esta persona llegó incluso a formalizar la venta del complejo a una promotora a cambio de nueve millones. El rechazo vecinal ante la posible desaparición de un colegio con casi 150 años de historia, sin embargo, desató una cascada de actuaciones populares para impedir el derribo. Los balcones y las ventanas del municipio se llenaron de banderas moradas en apoyo a su continuidad y la gente salió a la calle. La aprobación inicial de su 'blindaje' fue la primera acción del actual equipo de Gobierno (PNV), pero la institución local atacó también otros dos frentes. Por un lado, denunció en los tribunales el patronazgo del colegio que aseguraba ostentar el duque de Santoña, pero que el departamento de fundaciones del Gobierno vasco atribuye al propio Ayuntamiento. Además, desarrolló acciones legales para lograr la nulidad del acto de compraventa del recinto. Ambas sentencias todavía no se han hecho efectivas.