El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha eximido al Ayuntamiento de Santurtzi de hacer frente al pago de 26,97 millones de euros -4.500 millones de las antiguas pesetas- que le exigía una empresa inmobiliaria en concepto de «indemnización por lucro cesante» después de que el anterior alcalde de la localidad marinera, el socialista Javier Cruz, diera marcha atrás en 2004 a una multimillonaria operación urbanística.

Los magistrados, sin embargo, han estimado parcialmente la demanda formulada y condenan a la Administración local a resarcir con 51.738 euros a la promotora. El fallo permite tomar aire al Ayuntamiento santurtziarra, ahora gobernado por el PNV. Fuentes municipales acogieron la noticia «con satisfacción». En el seno del equipo de gobierno se temía una sentencia condenatoria, que hubiera colocado a la Administración local al borde de la bancarrota.

El año en que se produjeron los hechos, el presupuesto municipal ascendió a poco más de 38 millones de euros. No obstante, los abogados del Ayuntamiento han recurrido al Supremo. «Si nos obligan a abonar cualquier cantidad, por pequeña que sea, estamos dispuestos a reclamar hasta el último céntimo a aquellos que se posicionaron a favor de la operación urbanística», advirtieron.

La decisión judicial pone fin a un episodio que levantó un gran revuelo en el municipio costero y provocó una dura polémica política que marcó el final de la anterior legislatura. La operación urbanística frustrada preveía levantar un bloque de 150 viviendas en una privilegiada parcela de terreno del barrio de Kabiezes. Un centenar de familias que habían reservado un piso en la promoción vieron cómo sus deseos de compra se desvanecieron. El suelo era propiedad del Ayuntamiento, que firmó un convenio con Becares Inversiones para cambiar el solar por otro que la Administración local ambicionaba.

Poco antes de que la operación se hiciera efectiva, el PNV denunció la vinculación de la familia del ex alcalde con la promotora. El primer edil reconoció entonces que sus suegros poseyeron el 12% de la empresa, pero que vendieron su participación cinco días antes de que el pleno municipal, con el voto determinante del propio Javier Cruz, diera luz verde de forma inicial al proyecto. Tres días antes de que el Consistorio volviera a abordar este espinoso asunto, el ex regidor socialista anunció que la operación quedaba anulada. «Dada la preocupación que ha generado la tramitación del asunto y para que quede patente la ausencia de interés personal alguno en este expediente, se propondrá al pleno no aprobar la modificación y dar por finalizado el procedimiento», justificó el entonces primer edil.

Explicación «sorprendente» Estas declaraciones han sido uno de los principales argumentos utilizados por Becares Inversiones en su demanda contra el Consistorio. Consideran que el máximo responsable del Ayuntamiento incurrió en «una desviación de poder, ya que el acuerdo se impugna para poner de manifiesto que el alcalde no tenía ningún interés personal en el expediente, por lo que esta decisión no satisface ningún interés público ni urbanístico», argumentan. Los magistrados califican de «sorprendente» la explicación ofrecida por el ex regidor. Sin embargo, concluyen que el Consistorio sólo tiene la obligación de compensar a la firma con el pago de 51.738 euros, que corresponde a los honorarios del arquitecto y otros gastos menores.