Los vecinos de San Juan de Rompeolas, en Santurtzi, empiezan a ver la luz al final del túnel. Tras dos décadas de polémica por el rechazo de los residentes a las condiciones de expropiación para la regeneración del barrio, las negociaciones para el realojo de todas las familias afectadas -faltaban cinco- ya han llegado a buen puerto. Así lo afirman los protagonistas de esta pesadilla que comenzó a principios de los 90. «En abril firmamos el segundo convenio de expropiación con dos puntos cruciales: residir en los futuros pisos del barrio y un acuerdo económico justo. Estamos muy contentos por haber puesto fin a 18 años de desencuentros», señala la portavoz del colectivo de expropiados de San Juan, Nieves Ferreiro. La reforma de este barrio, ubicado en las faldas del Serantes, arrastra una larga historia de conflictos. El primer plan de regeneración se presentó en 1993, pero los vecinos lo paralizaron en los tribunales tras denunciar irregularidades urbanísticas.

Entre ellas, que el suelo sobre el que se actuaba era urbano y no rural. Los titulares de las viviendas tampoco aceptaron las condiciones de realojo, ya que aquel acuerdo establecía su reubicación en Kabiezes. «Quienes residíamos aquí éramos los primeros que nos teníamos que quedar. Queríamos vivir donde siempre lo hemos hecho», explica. Además, las condiciones económicas eran «para echarse a llorar». Desde entonces, los residentes no habían llegado a un acuerdo satisfactorio con el Gobierno vasco. Así hasta hace año y medio, cuando la nueva consejería de Vivienda tomó cartas en el asunto. «El trato recibido ha sido exquisito y sus voluntades muy sensibles», subraya. El colectivo tampoco se olvida de la labor del actual alcalde, Ricardo Ituarte, y su equipo de gobierno para llegar a un consenso entre todas las partes, así como de la gestión de Miriam Frade, del PSE.

«Dejamos atrás una losa» Tras meses de reuniones, en abril el grupo de damnificados firmaba el segundo expediente de expropiación y el 20 de mayo las excavadoras entraban por fin al barrio para demoler las antiguas casas. Para las familias, sin embargo, la llegada de las máquinas no sólo significó el arranque de las obras, sino el punto y final a casi veinte años de batallas judiciales. El sentimiento de pena brilló por su ausencia. La esperanza y las ilusiones depositadas en esta nueva etapa que se abre para estas familias vencieron a los recuerdos de toda una vida. «Es un alivio. Comenzamos un futuro y dejamos atrás un pasado que era una losa», afirma Ferreiro. En los próximos dos meses, la misión de las excavadoras será derruir 200 viviendas distribuidas en veinte bloques para dar paso a la construcción de 164 pisos protegidos.

Fuente:elcorreodigital